Colômbia com Uribe

As questões da libertação de prisioneiros pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e a crise de relações com a Venezuela associadas a estas questões, se têm servido as FARC para lhes dar visibilidade e importância, não menos servirão ao presidente colombiano.

(A Uribe) ha servido para silenciar o disminuir las consecuencias políticas, jurídicas y sociales de los procesos de la llamada “parapolítica” que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía contra congresistas, gobernadores y alcaldes cómplices de las acciones criminales de los grupos paramilitares y beneficiarios de sus manipulaciones electorales. El gobierno y el presidente han sido los principales interesados en tender un manto de silencio sobre esas investigaciones que afectan ya a más de 46 congresistas elegidos en el 2006, de los cuales 16 se encuentran en la Cárcel. El 90% de los implicados pertenecen a partidos Uribistas y muchos de ellos han tenido gran cercanía con el propio presidente, como el ex senador Mario Uribe, primo del mandatario.

Entre los implicados en la investigación en los últimos meses se encuentran destacados “caciques” o jefes clientelistas del Partido Conservador como los senadores Luis Humberto Gómez del departamento del Tolima, Ciro Ramirez de Boyacá y Juan Manuel Corzo de Norte de Santander.

Varios de los parlamentarios detenidos se han acogido a sentencia anticipada, aceptando la validez de los cargos de la Corte. Entre los primeros sentenciados se encuentran el ex representante de Sucre, Eric Morris condenado a seis años de prisión y el ex senador Dieb Maloof condenado a 4 años y 9 meses de prisión.

Mientras tanto los procesos contra los jefes paramilitares avanzan a paso de tortuga sin que sus revelaciones sobre infinidad de crímenes cometidos contra la población civil despierten entre los mismos comentaristas de los medios de comunicación y líderes religiosos y políticos que denuncian los delitos de los grupos guerrilleros igual o parecida indignación.

Las informaciones sobre la marcha de esos procesos tienen un lugar secundario , mínimo en los periódicos y los noticieros de radio y televisión no se ocupan en absoluto de los mismos. De hecho pareciera que buena parte de la población se hubiera paramilitarizado ideológicamente y que justificara o disculpara las horrendas acciones de los jefes paramilitares, que como ellos mismos lo han declarado han incluido métodos criminales tan perversos y demenciales como prácticas de descuartizamiento en vivo de personas, canibalismo y todo tipo de torturas y sufrimientos para sus víctimas.

Un punto importante es que algunos de esos “capos” a solicitud del congresista de los Estados Unidos, William De la Hunt, entregaron información muy minuciosa sobre la ayuda que recibieron de empresarios norteamericanos y colombianos para organizar sus aparatos criminales. Esta información que compromete a círculos empresariales muy allegados al gobierno será sin duda alguna otro palo en la rueda para la aprobación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

El presidente Uribe , por su lado, ha tratado de intimidar a los magistrados de la Corte Suprema que adelantan las investigaciones sobre los parapolíticos y denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara al propio presidente de ese tribunal, César Julio Valencia, por calumnia , ya que este se atrevió a ratificar en un reciente reportaje que Uribe le había hecho una llamada telefónica en la que en entre otras cosas le expresó su preocupación por la suerte de su primo , el ex senador Mario Uribe.

En la práctica, lo que quiere hacer el presidente es un linchamiento del presidente de la Corte, ya que bien sabe que la Comisión de Acusaciones está conformada en un 70% por parlamentarios amigos del gobierno.

Además, el gobierno sigue empeñado en que los paramilitares sean juzgados no por el delito de concierto para delinquir, sino por el de sedición que les devolvería el carácter de delincuentes políticos, salvando a los jefes de esos grupos de una posible extradición a los Estados Unidos donde muchos de ellos son requeridos por los tribunales por delitos relacionados con el narcotráfico. Para lograr este objetivo presidente y ministros siguen moviendo fichas e influencias en el Congreso de la República.

Mientras tanto , a pesar de la publicitada desmovilización , muchos de los grupos paramilitares continúan actuando criminalmente en varias regiones del país bajo otro nombre y otros líderes pero con el mismo propósito de hacerse al control de los laboratorios procesadores de cocaína, de las rutas de exportación de ese tóxico, de los contratos de obras públicas, de las apuestas legales.

Félix Posada Rojas
Revista ENCUENTRO Nª 117. www.myshkin.org
Republicado em http://alainet.org/active/22289